En el siglo XVIII, España experimentó un impulso económico influido por ideas ilustradas y mercantilistas, que promovieron el comercio, la industria nacional y la agricultura. La recuperación demográfica aumentó la demanda, favoreciendo la producción. Las reformas agrarias de Olavide y Jovellanos, aunque enfrentadas a la oposición de la nobleza y la Iglesia, introdujeron sistemas de cultivo intensivo y nuevos cultivos como la patata en el norte.
Para crear un mercado interior, se mejoraron las infraestructuras de transporte (canales, carreteras, puertos) y se fomentó la industria mediante las Reales Fábricas de Manufacturas. La supresión de aduanas interiores y la reforma de la Hacienda con el Catastro de Ensenada unificaron y centralizaron el sistema impositivo. Además, se racionalizaron los impuestos y se promovió el comercio mediante compañías de comercio y la administración eficiente de recursos americanos.
A finales del siglo XVIII, la sociedad española mantenía características del Antiguo Régimen, con estamentos privilegiados que poseían la mayor parte de las tierras de cultivo. En las ciudades, la burguesía aumentó sus ingresos, mientras que los artesanos enfrentaron polarización. Los gobiernos ilustrados impusieron medidas de control sobre mendigos y vagabundos.
El mundo agrario mostraba dos realidades: en el norte y este, predominaban familias campesinas con tierras en alquiler o enfiteusis, mientras que en el centro y sur, los jornaleros agrarios vivían en condiciones precarias.
La transición del barroco al neoclásico en arquitectura se evidenció en obras como el Palacio Real de Madrid y la Puerta de Alcalá. En pintura, Francisco de Goya se destacó como pintor de cámara de Carlos IV. En el ámbito cultural, la Ilustración se extendió en España a través de intelectuales como Feijoo y Jovellanos, y de instituciones como las Sociedades Económicas de Amigos del País y la prensa, que contribuyeron a la difusión de nuevas ideas y a la formación de una opinión pública.
Durante el siglo XVIII, se crearon los virreinatos de Nueva Granada (1717) y Río de la Plata (1776), sumándose a los de Nueva España y Perú. Chile tuvo una administración propia como capitanía general. Se intensificó la españolización de la administración colonial y se expulsó a los jesuitas en 1767, apropiándose de sus tierras.
Los políticos ilustrados implementaron varias reformas: creación de un ejército colonial, aumento de impuestos gestionados por el gobierno, administración eficiente por funcionarios peninsulares y reorganización del comercio entre la metrópoli y las colonias. Se suprimió el sistema de flotas por el sistema de registros, permitiendo mayor flexibilidad en el comercio. Cádiz se convirtió en la sede de la Casa de Contratación, y el comercio con América se liberalizó progresivamente, primero en 1765 y luego en 1778, permitiendo el comercio directo desde todos los puertos peninsulares.
Las colonias americanas experimentaron un gran crecimiento demográfico y económico, con el desarrollo de cultivos como azúcar, café, cacao y algodón, y un aumento en la ganadería bovina. La demanda de mano de obra esclava africana aumentó significativamente.
La sociedad americana estaba estructurada en grupos raciales cerrados: criollos, mestizos, indios, mulatos, libertos y esclavos negros. Los criollos poseían grandes propiedades agrícolas y resentían la discriminación por parte de los españoles peninsulares, quienes monopolizaban los cargos administrativos.
A finales del siglo XVIII, el balance económico era negativo para España, con una disminución de la plata y mercancías llegadas de América y un comercio afectado por el contrabando y las guerras. Las reformas borbónicas provocaron protestas entre criollos y trabajadores, destacando la rebelión de Túpac Amaru en Perú y Nueva Granada (1780-81). Este sentimiento de discriminación y autonomía entre los criollos continuó creciendo, preparando el terreno para futuros movimientos independentistas.
Durante la Edad Media, los reinos peninsulares se organizaban en tres instituciones principales: la monarquía, las Cortes y los municipios.
Monarquía
- Castilla: Monarquía autoritaria, centralizada por Las Siete Partidas de Alfonso X, con el apoyo del Consejo Real y la Audiencia.
- Corona de Aragón: Unión de reinos con un sistema pactista que limitaba el poder real. Gobernados por virreyes en ausencia del rey y protegidos por la institución del Justicia de Aragón.
- Navarra: Reyes accedían mediante "alzamiento" y juraban los fueros. Asesorados por el Consejo Real y gestionados por la Cámara de Comptos.
Cortes
- Reunían nobleza, clero y tercer estado con el rey. En Castilla eran consultivas; en Navarra y la Corona de Aragón tenían poder legislativo. Cataluña y Valencia tenían la Generalitat y Aragón la Diputación para supervisar acuerdos.
Municipios
- Castilla: Concejos electivos controlados por la oligarquía urbana y regidores nombrados por el rey. Administrados por merindades y adelantamientos.
- Aragón: Municipios presididos por un justicia nombrado por el rey. En Cataluña, Mallorca y Valencia, gobernados por jurats y un Consell, divididos en veguerías. Navarra se organizaba en merindades.
Régimen señorial y sociedad estamental
- Sociedad dividida en nobleza, clero y tercer estado. La nobleza y el clero eran privilegiados y exentos de impuestos. La mayoría de la población eran campesinos que trabajaban la tierra y pagaban tributos. Desde los siglos XI y XII, la feudalización incrementó la dependencia de los campesinos a la nobleza y la servidumbre se extendió, limitando la libertad de los campesinos.
En el siglo XVII adquiere importancia la figura del valido como favorito del rey. Durante el reinado de Felipe III (1598-1621) destacan los duques de Lerma y Uceda. Se expulsó a los moriscos en 1609, aumentaron las deudas por las guerras y las relaciones con Cataluña y Portugal se deterioran. La política exterior se caracterizará por el pacifismo firmando en 1604 una paz con Inglaterra y en 1609 la “Tregua de los Doce Años” con las Provincias Unidas. Con Felipe IV (1621-1665), llega el Conde-duque de Olivares, de tintes más beligerantes. La guerra de los Treinta Años (1618-1648) se convertirá en un conflicto internacional que concluirá en con la Paz de Westfalia donde España, asfixiada por los gastos bélicos, acude en inferioridad de condiciones cediendo la independencia de las provincias flamencas del norte (Holanda). Pese a esto, Francia continúa su guerra con España, sabedora de su debilidad y, pese a su derrota en Rocroi en 1643, acaba ganando la guerra, obligando a España en la Paz de los Pirineos (1659) a ceder el Rosellón, la Cerdaña y parte del Flandes español (Bélgica). En política interior, iniciará una política de reformas (Gran Memorial) cuyo objetivo era unificar jurídica e institucionalmente el territorio español, destacando la “Unión de Armas” (1625), pero fracasó provocando la crisis de 1640: Cataluña se sublevó y buscó apoyo en Francia hasta 1652, Portugal se independizó definitivamente en 1668 y hubo sublevaciones nobiliarias en Andalucía y Aragón. La monarquía quedó sumida en una grave crisis. Carlos II (1665-1700), debido a su incapacidad para ejercer el gobierno personalmente, será suplantado en su labor por varias personas como su hermanastro don Juan José de Austria, su madre Mariana de Austria (aconsejada por su confesor particular el padre Nithard) o Fernando de Valenzuela, entre otros. Sufrirá el expansionismo de la Francia de Luis XIV que declarará varias guerras a España y que obligará a la corona española en la Paz de Aquisgrán (1668) y en la Paz de Nimega (1678) a entregar el resto de Flandes español y el Franco Condado a Francia. La cuestión sucesoria surgida por la falta de descendencia de Carlos dará lugar a la Guerra de Sucesión (1701-1714).
